En virtud de las nuevas leyes de Internet aprobadas el sábado por los gobiernos de la Unión Europea y los legisladores de la UE, la unidad de Alphabet (GOOGL.O), Google, Meta (FB.O) y otros gigantes de las plataformas en línea tendrán que hacer más para combatir los contenidos ilícitos o enfrentarse a fuertes multas.
La publicidad dirigida a los niños, así como la publicidad basada en datos sensibles como la religión, el género, la raza y las creencias políticas, están ahora prohibidas por las nuevas directrices. También se prohibirán los patrones oscuros, que son tácticas que engañan a las personas para que den datos personales a las empresas en línea.
En un tuit de la jefa antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, dijo: “Tenemos un acuerdo sobre la DSA: la Ley de Servicios Digitales garantizará que lo que es ilegal fuera de línea sea igualmente visto y tratado como ilegal en línea, no como un eslogan, sino como una realidad”.
Dita Charanzova, una senadora de la UE que había solicitado este tipo de medidas hace ocho años, elogió el acuerdo.
“Google, Meta y otras grandes plataformas de Internet tendrán que actuar para proteger mejor a sus usuarios”, dijo, y añadió que “Europa ha dejado claro que no pueden comportarse como islas digitales independientes”.
“Los detalles importarán a medida que se establezca y aplique la ley”, afirmó Google en un comunicado. “Estamos entusiasmados por participar con los responsables políticos para limar los detalles técnicos restantes para que la ley funcione para todos”.
Las empresas que infrinjan la DSA se enfrentan a multas de hasta el 6% de sus ingresos globales, y la reincidencia podría suponer la prohibición de hacer negocios en la UE.
Las grandes plataformas en línea y los motores de búsqueda en línea estarán obligados a tomar medidas específicas durante una crisis. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la desinformación resultante impulsaron la medida.
Los reguladores e investigadores podrán ser obligados a acceder a los datos relativos a los algoritmos de las empresas.
Las empresas también deberán pagar una tasa anual de hasta el 0,05% de sus ingresos anuales globales para financiar los costes de la supervisión del cumplimiento.
Se dice que la DSA se aplicará en 2024.